Diputados RN en picada contra la CONADI por lo que señalan es “un actuar ilegal” en compra de tierras

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Diputados RN en picada contra la CONADI por lo que señalan es “un actuar ilegal” en compra de tierras

Solicitaron la constitución de una Comisión Investigadora por las compras de tierras y presentaron un requerimiento a la Contraloría para determinar si se cumplió la ley y eventualmente se congele el procedimiento de transferencia del Fundo “El Nudo”.

Los diputados Miguel Mellado, Jorge Rathgeb y Juan Carlos Beltrán solicitaron creación de una Comisión Especial Investigadora a fin de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno, en especial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, relativa a actuaciones de estos organismos en relación a la compra de tierras y la entrega de otros beneficios de conformidad con el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y el Fondo de Desarrollo Indígena establecidos en la ley Nº 19.253.

Junto con lo anterior, acudieron a Contraloría nacional para conocer si se cumplió la glosa del presupuesto 2024 para la compra de tierras, donde se exige que el predio adquirido no haya sido violentado o perturbado.

En este sentido, los congresistas esperan un pronunciamiento para verificar la legalidad del acto de adquisición entendiendo que, como es de público conocimiento, el predio El Nudo de Freire, de dicha región que fue comprado por Conadi, fue objeto de una serie de perturbaciones.

Por lo anterior, el diputado Miguel Mellado, expresó que “esto fue con un hostigamiento constante, es más, hasta los medios de comunicaciones, desde julio del 2021 venían diciendo cada uno de los hostigamiento que sufría ese predio, donde la comunidad Trapilhue incluso hacía siembras al interior. Si eso no es perturbar el uso y goce del dueño del predio, entonces yo creo que la Conadi está viviendo en otro planeta. Yo creo que esto no es correcto, por eso recurrimos a Contraloría para que revise la legalidad de este contrato de compra entre la comunidad y el dueño. Esto no está de acuerdo a la ley, esto hay que echarlo para atrás porque no podemos seguir comprando predios al que es más fuerte, al que usa la violencia o usurpa. Al final, vemos que los dueños firman en notaría algo que no es correcto, ellos dicen que no hubo perturbación en su predio y a la luz de lo que salió en medios de comunicación, eso no es correcto, entonces nos preguntamos: ¿hubo extorsionista?, ¿hubo presión indebida de parte del lof Trapilhue a los dueños?. Nosotros vamos a defender la normativa y también a las comunidades pacíficas que llevan años esperando sus tierras”.

Por su parte, Jorge Rathgeb dijo que “hemos detectado una serie de irregularidades en la compra del predio El Nudo de Freire por parte de Conadi, tanto en el procedimiento mismo como en los requisitos que este predio debió cumplir para esta adquisición. Por otro lado, también el precio, excesivamente alto, también deja luces de que habrían irregularidades que son insalvables. Por lo tanto, solicitamos a la Contraloría a revisar la situación por cuanto este tipo de hechos no pueden repetirse, incluso debería reversarse lo que significa la compra cuando se está, claramente, alterando la normativa vigente, el espíritu de la legislación y por otro lado, se está vulnerando los recursos fiscales de todos los chilenos”.

Mientras tanto, Juan Carlos Beltrán aclaró que “este predio estuvo tomado durante años, con episodios de violencia y coacción que obligaron a familias legítimas propietarias a vender. No podemos permitir que se normalice este tipo de situaciones, donde el Estado y el actual gobierno, en lugar de velar por el cumplimiento del mandato legal y la seguridad de los propietarios, termina validando actos que claramente contravienen la normativa. La Contraloría debe actuar con firmeza para investigar las eventuales irregularidades y asegurar que estos recursos públicos se utilicen conforme a la ley, priorizando casos que realmente cumplan con los criterios establecidos y no bajo presión o coacción”.

El requerimiento fue ingresado a la Contraloría General en Santiago y la solicitud de Comisión Investigadora espera reunir las 62 firmas que exige la Constitución, por lo que los parlamentarios hacen un llamado a todas las fuerzas políticas a poner sus rubricas para comenzar a la brevedad el trabajo de la instancia fiscalizadora.

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