Empresas ligadas a Soprole Inversiones en la mira de la justicia
Condiciones impuestas de manera unilateral y sin transparencia a los productores en la determinación de precios son algunas de las acusaciones que enfrenta la compañía de productos lácteos.
Un nuevo escándalo sacude a la industria láctea. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLC) declaró admisible una demanda contra Prolesur, empresa controlada por Soprole Inversiones, perteneciente al grupo peruano Gloria, por abuso de posición dominante, manipulación en la determinación del precio de la leche y el grave perjuicio causado a los productores nacionales.
La acción judicial, presentada por Chilterra S.A., destapa un sistema de explotación económica que obligaba a vender la producción a Prolesur bajo condiciones impuestas de manera unilateral y sin transparencia en la determinación de precios.
“Prolesur ha abusado de su posición de dominio en la compra de leche fresca, imponiendo precios injustificados mediante criterios arbitrarios y no verificables. Esta conducta ha afectado la sostenibilidad de la cadena productiva en la etapa de producción de leche fresca”, asegura Ricardo Ríos, gerente de Chilterra, entidad demandante.
El ejecutivo agrega que “durante años hemos visto cómo Prolesur ha utilizado su poder de mercado para fijar discrecionalmente el precio base de la leche fresca y sus valorizaciones, sin permitir una negociación justa ni transparente en los criterios utilizados”, sentencia Ríos.
“Con esta demanda buscamos que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLC) sancione estas prácticas abusivas y ponga fin a la extracción de renta que ha afectado y debilitado a la producción lechera de Chilterra. No pedimos que se regulen precios, sino que se garantice un mercado más transparente y justo”, esgrimió Ríos.
La demanda revela cómo la filial de Soprole Inversiones SA., Prolesur, se convirtió en el único comprador viable de leche en la Región de Los Ríos debido a un modelo productivo diseñado para generar dependencia monopsónica con los productores a los cuales se impuso su modelo de producción en base a pradera o estacional.
Bajo este sistema, Prolesur estableció condiciones que llevaron a una concentración de la oferta en ciertos meses del año, creando un volumen de producción que ninguna otra planta procesadora estaba dispuesta o en condiciones de absorber.
Este esquema dejó a Chilterra sin la posibilidad de negociar con otros compradores generando el contexto propicio para que Prolesur abusara de su posición dominante, usando criterios no observables ni verificables para determinar el precio base de la leche, generando una dependencia total de Prolesur y permitiendo a la empresa establecer unilateralmente los precios.
La cuestionada transnacional -según la demanda- determinó el precio de la leche utilizando criterios opacos y no verificables, sin una justificación económica clara, estableciendo unilateralmente cuánto pagar.
El resultado de esta estrategia ha sido devastador para los productores. Según Camilo Guzmán, Presidente de Agricultores Unidos, “más del 90% de la producción lechera estacional fue absorbida por Prolesur, que impuso sus condiciones sin margen para la negociación”.
Estos mecanismos llevaron a la asfixia financiera a muchos productores, forzándolos a salir del mercado.
El historial de Soprole Inversiones y el Grupo Gloria
Soprole Inversiones y Prolesur han estado en la mira de las autoridades chilenas por prácticas anticompetitivas desde hace décadas:
– 2004: El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictó la Sentencia N°7/2004, que prohibió y dispuso una serie de medidas para corregir prácticas abusivas en la fijación de precios y en la relación con los productores.
– 2018: La Fiscalía Nacional Económica (FNE) concluyó una investigación donde resaltó la posición dominante de Prolesur y la industria láctea mayor (excluido Colún) y los riesgos anticompetitivos de esa posición dominante se pueden desprender.
– 2020: Para evitar sanciones mayores, Soprole y Prolesur pagaron 600 UTA cada una en un acuerdo extrajudicial, comprometiéndose a cambiar sus prácticas.
La historia negra del Grupo Gloria, actual dueño de Soprole, no se limita a Chile. En otros países, ha estado involucrado en fraudes, corrupción y manipulación de alimentos:
– Colombia: Denunciado por adulterar leche con lactosuero, vendiendo productos alterados sin informar a los consumidores.
– Perú: Vinculado al financiamiento irregular de campañas políticas, incluyendo donaciones secretas a Keiko Fujimori.
– Panamá Papers: Investigaciones revelaron que usaron paraísos fiscales para evadir impuestos en Perú y otros países.
Una agroindustria en crisis
La demanda de Chilterra abre un nuevo capítulo en la lucha contra los abusos de la agroindustria en Chile. Mientras miles de productores han quebrado, empresas como Soprole y Prolesur han seguido aplicando mecanismos de explotación sin consecuencias reales.
Ahora el caso está en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tendrá la trascendental misión de esclarecer las distorsiones de mercado que perjudican gravemente a un sector clave en la economía nacional.
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