El parlamentario solicitó pronunciamientos del Consejo de Defensa del Estado y el Colegio de Abogados sobre un posible conflicto de interés en la designación de Luppy Aguirre como abogada litigante en el caso Audios

El regreso de Luppy del Pilar Aguirre Bravo al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y su designación como litigante en el caso Audios han generado cuestionamientos.

La abogada, que hasta hace unos meses se desempeñaba como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, ahora representará al Estado en una causa en la que podría haber tenido acceso privilegiado a información clave.

En este contexto, el diputado Andrés Celis ofició a la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre las razones de la desvinculación de Aguirre y los detalles de un eventual sumario administrativo. Además, pidió al CDE y al Colegio de Abogados que evalúen si su designación vulnera normas éticas.

“Me parece cuestionable que alguien que tuvo un cargo de confianza en el Ministerio del Interior, con acceso a información privilegiada, ahora defienda los intereses del Estado en una causa de alta connotación pública. Esto podría configurar un evidente conflicto de interés”, señaló Andrés Celis.

Según el artículo 70 del Código de Ética Profesional, un abogado que haya trabajado en un organismo público no puede intervenir en asuntos de los que tuvo conocimiento en su cargo por al menos un año tras su salida.

“No se trata solo de un tema administrativo, sino de la confianza en las instituciones. La imagen del Consejo de Defensa del Estado y de la profesión jurídica está en juego, y por eso pedí que se pronuncien al respecto”, agregó el parlamentario.

Celis Montt subrayó la importancia de evitar cualquier irregularidad en un caso que ya ha generado controversia por su impacto político y judicial. “Espero que el CDE y el Colegio de Abogados tomen cartas en el asunto para garantizar la transparencia y la ética en el ejercicio profesional”, concluyó.