Álvaro Morales Marileo, quien asumió la subrogancia en Conadi en 2024, está bajo cuestionamiento por la adquisición del Fundo El Nudo, una compra que Contraloría visó pese a que el predio fue escenario de distintos episodios de violencia y se encontraba con resguardo policial.

Su hermano, Jorge Morales Marileo, trabaja en el ente contralor y ambos asesoraron en el pasado a vendedores de terrenos adquiridos por Conadi. Desde la oposición advierten conflictos de interés y piden investigar posibles influencias cruzadas.

El reclamo lo hizo el diputado Miguel Mellado en la Sala de la Cámara de Diputados. Durante el tiempo de “incidentes”, el legislador solicitó que se investiguen eventuales irregularidades en la compra que hizo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) del Fundo El Nudo para la comunidad mapuche Trapilhue. “Conadi compró, mediante una argucia, un predio: el predio El Nudo, en la Región de La Araucanía, y la Contraloría toma razón. ¡Pero claro que iba a tomar razón, si el hermano del director de la Conadi trabaja en la Contraloría y ambos, antiguamente, asesoraban jurídicamente a vendedores! ¡Ellos mismos vendieron fundos a la Conadi!”, afirmó Mellado en la sesión del 22 de enero. 

Desde julio de 2024 Álvaro Morales Marileo asumió la subrogancia legal de la Dirección Nacional de Conadi, cuando Luis Penchuleo se retiró del cargo para lanzarse como candidato a gobernador de La Araucanía. 

Morales Marileo había llegado a la corporación poco más de un año antes, en abril de 2023, cuando mediante el sistema de Alta Dirección Pública fue designado como Fiscal Nacional de la instancia. Para ese entonces, quien llevaba años trabajando en la Corporación era su hermano: Jorge Morales Marileo.   

De acuerdo con el portal de Transparencia, Jorge Morales Marileo trabajaba como personal a contrata de Conadi desde el 24 de mayo de 2016; los últimos años se dedicó al apoyo profesional al Programa de Defensa Jurídica, percibiendo un salario bruto superior a los $2,6 millones. Sin embargo, en abril de 2023 –cuando Álvaro Morales entra a Conadi como fiscal– a Jorge Morales lo reasignan como profesional de Borde Costero, en la Unidad del Convenio 169, con una remuneración bruta de $2,5 millones. Se desempeñó en ese cargo hasta julio de 2023, mismo mes en el que ingresó a la Contraloría General de la República en la Región de La Araucanía.

El paso de Jorge Morales Marileo de Conadi a la Contraloría se hizo sin pausa. Ya que empezó en la Contraloría el 3 de julio de 2023 como personal a contrata, con una renta bruta de $2.911.349 y ese mismo mes cobró por última vez en Conadi: $171.943. 

Con esto a la vista, fuentes consultadas por El Líbero señalan que es necesario investigar  cuáles son los vínculos entre Conadi y Contraloría y cómo ambas instituciones pueden dar fe de la imparcialidad de sus procesos considerando que el hermano del director (s) de Conadi trabaja como abogado en Contraloría y ambos a su vez, en el pasado, asesoraron jurídicamente a personas que en su oportunidad vendieron predios a Conadi. 

Incluso advierten que el traspaso de funcionarios también ocurre a la inversa y hay funcionarios de Contraloría que luego han ingresado a la Delegación Presidencial regional.

Hasta advierten que es sospechosa la “inmediatez” con la que el hermano del director subrogante de Conadi obtuvo un cargo en el ente contralor. 

“Intereses cruzados”

“Esta relación entre Contraloría y el gobierno, en particular en La Araucanía, me parece que no corresponde. Que haya traspasos de funcionarios como el hermano del fiscal de Conadi desde Conadi a Contraloría o de la antigua asesora del exdelegado presidencial Raúl Allard, que venía de Contraloría, no hace bien”, dice a El Líbero Ignacio Malig, exdirector nacional de Conadi y actual presidente regional de Evópoli.

Malig ejemplifica que “en casos como la compra del predio El Nudo por parte de Conadi, en la que Contraloría tomó razón a pesar de una perturbación evidente del inmueble, la cual le fue informada a la Contraloría General mediante un oficio de la Cámara de Diputados y el ente hace vista gorda, hace pensar que los roles se están confundiendo”.

Otra fuente que también ha trabajado en el tema de asuntos indígenas coincide en que “sí pudiera haber intereses cruzados, en el sentido de que algún familiar directo, como su hermano, estaría fiscalizando las acciones del director subrogante. A priori sí suena extraño. Ahora habría que verificar bien cuál es la labor de esta persona, ya que evidentemente tiene vinculación en la visación de los documentos que aprueban compra”.

Al otro lado del cristal

Álvaro Morales Marileo es de Traiguén y abogado de la Universidad de Chile. Uno de sus postítulos es precisamente en derecho inmobiliario y da clases de Propiedad Indígena en el Magíster en Derecho Registral e Inmobiliario de la Universidad Central de Chile.

En abril de 2015, los dos hermanos Morales Marileo colaboraron en la negociación que se estaba dando entre Conadi y los dueños de un predio para comprar tierras a la comunidad indígena José Catrin de la comuna de Freire. Actuaron en representación de los dueños del campo.

Conadi pretendía la compra del Fundo Chimbarongo, ubicado en la comuna de Curacautín. Tras varias sesiones, los propietarios del predio aceptaron la propuesta de la corporación y vendieron el fundo por $601 millones. 

Claudia Unicahuin, que hasta julio de 2022 trabajó en la oficina de Conadi en Castro y fue vicepresidenta de Pueblos Originarios de Renovación Nacional, opina que Álvaro Morales Marileo es una persona “con llegada y carismático”. No obstante, cuestiona que solo se reúna con grupos o comunidades de su mismo signo político: “Solo así se entiende que justifique una compra de un predio que si uno mira en redes sociales es evidente que estaba perturbado”.

“No sé si tiene las competencias para ser un director nacional o si está trabajando para todos los pueblos indígenas y todos los indígenas, o simplemente para las personas que son de su lado político o del pensamiento político de este gobierno”, afirma Unicahuin, quien reconoce la experiencia en el mundo inmobiliario del director de Conadi, pero lamenta que en compras como las del Fundo El Nudo se haya denunciado sobreprecio. “Él viene del mundo inmobiliario, por lo que debería saber llegar a acuerdos y no pagar estos sobreprecios que se han pagado en las últimas compras”.

La defensa de Contraloría a la adquisición de El Nudo

La Ley Indígena, a través del artículo 20, letra b, permite a la Conadi financiar mecanismos para solucionar problemas de tierras. Sin embargo, desde hace varios años existe una glosa en la Ley de Presupuesto que impide a la Corporación adquirir terrenos cuando han sido vulnerados. Así, la glosa dice que esa compra se puede hacer “siempre que los inmuebles cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada”.

En el caso de El Nudo hay registros de hechos de violencia en torno al predio al menos desde el año 2021. En agosto de ese mismo año, desde Trapilhue “reivindicaron” el campo, lo usurparon y sembraron, de estos hechos hay fotos, registros en prensa y redes sociales y comunicados de la comunidad indígena. No obstante, tras diversos oficios enviados por diputados de la zona al ente contralor exigiendo un pronunciamiento, Contraloría ratificó la legalidad de la compra.

Contraloría consideró antecedentes entregados luego de una visita al campo del jefe del Fondo de Tierras y Aguas de la corporación que indicó “que los inmuebles a adquirir se encontraban en posesión de sus propietarios y que la posesión de los predios no se encontraba de ninguna manera perturbada por parte de la comunidad y sus socios” y también debido a una declaración jurada de los ahora expropietarios, hecha ante notario.

En cuanto a la denuncia de sobreprecio, Contraloría tampoco halló nada irregular, pese a que Conadi desembolsó por la compra para la comunidad Trapilhue $10.240 millones, que abarcan tierras y derechos de agua. Según el informe de Contraloría, ese monto incluye tres inmuebles y seis derechos de aprovechamiento de aguas. En detalle, el precio autorizado a pagar por El Nudo fue de $6.250 millones; un monto inferior –dice Contraloría– a otras tasaciones hechas por Conadi que superaban los $6.500 millones.

En una carta enviada a El Mercurio el 2 de enero de este año, Morales Marileo también defendió la compra de El Nudo argumentando que la glosa del presupuesto solo tiene vigencia “durante el año de aplicación respectivo, existiendo en todas las adquisiciones procedimientos para pesquisar dichas circunstancias en tiempo presente, al verificarse la compra”.

Sobre esto, el diputado Mellado dice a El Líbero que la glosa no habla “del tiempo presente”. “No pueden ser comprados aquellos predios que hayan sido perturbados, no habla de un espacio de 30 días, ni un año, que hayan sido perturbados”, afirma. 

Contra la glosa presupuestaria

En medios regionales, Álvaro Morales Marileo se ha mostrado contrario a las glosas presupuestarias que tienen que ver con asuntos indígenas. 

Consultado por La Prensa Austral el 29 noviembre de 2024 sobre una indicación presupuestaria que iba a limitar nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos Protegidos (Ecmpo) y aplicar silencio administrativo negativo para las solicitudes en trámite por más de seis meses señaló que “a través de glosas presupuestarias no se pueden legislar cuestiones permanentes y afectar derechos (…). Hoy día, en el Parlamento, se cambia la legislación, sin discusión profunda, a través de glosas presupuestarias y sin consulta previa, se afecta estos derechos de manera sustantiva y nosotros lo consideramos inconstitucional y por lo tanto hicimos reserva en ese sentido para ir al Tribunal Constitucional”. 

Días después, el 1 de diciembre de 2024, en el diario de Chiloé La Estrella declaró: “Nosotros no estamos a favor de la modificación de la ley y las glosas presupuestarias que han ingresado (y aprobado), particularmente la que establece que las nuevas Ecmpo aprobadas y procesos pendientes deben resolverse en 6 meses o se van a entender rechazadas. Es algo que genera un retroceso en los pueblos indígenas (…). Nosotros no compartimos la visión de regular los derechos de los pueblos indígenas y, particularmente, hacerlos retroceder a través de glosas presupuestarias”.

El pasado 9 de enero el TC –con mayoría gubernamental– declaró esa indicación como inconstitucional. 

¿Tierras por paz?

En una columna publicada en el Diario Austral de La Araucanía el 27 de diciembre, Morales Marileo señala que “no sólo las políticas punitivas justifican la incidencia en la baja de la violencia”. Y hace una correlación entre la baja de los hechos de violencia con el aumento de aplicabilidades y compras de tierras hechas por Conadi, algo que en el pasado ha sido criticado ante el peligro de que los gobiernos intercambien paz por tierras. 

Señalando la disminución de los hechos violentos, concluye que “se puede advertir correlación entre el manejo del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, mecanismo 20 letra b), con el otorgamiento de aplicabilidades y realización de compras -única vía institucional existente- y los números de violencia rural expuestos”.

Para Malig, si en la Macrozona Sur han ocurrido menos atentados “es solamente porque han habido leyes que la derecha ha impulsado. Los diputados que antiguamente estaban en el Congreso hoy están en el gobierno y siendo gobierno no pueden negarse a estos proyectos”.