Por Jorge Schaulsohn

Ex presidente de la Cámara de Diputados

El manotazo de Marcel a la Corfo para gastos generales dejó en evidencia que el Estado no tiene plata para solventar el gasto comprometido en cosas tan fundamentales como la seguridad pública.

Lo que hizo el ministro no es ilegal. Pero ilustra la precariedad en que este gobierno ha dejado la hacienda pública y la complicada situación económica que heredará al próximo gobierno.

Una misión difícil. Cuando Mario Marcel asumió como ministro de Hacienda, fue presentado como un garante de estabilidad. Su trayectoria en el Banco Central le otorgaba un halo de tecnócrata serio, capaz de contener las presiones del ala más radical del oficialismo y mantener una disciplina fiscal razonable.

• La misión no era fácil. Manejaría las finanzas públicas de un gobierno anti sistémico, que no creía que el crecimiento económico era una prioridad y cuya agenda era la refundación del país. Eso con una crítica implacable a todo lo que oliera a Concertación, lo que inevitablemente incluía a Marcel.
• No hay que olvidar que Marcel aceptó el ministerio para implementar el programa original del F. Amplio y fue entusiasta partidario del proyecto constitucional aprobado por la Convención, que habría colapsado la economía.
• En estos tres años de gestión está claro que no pudo o no quiso controlar el gasto público. Al contrario, promovió una reforma tributaria que subía los impuestos para financiar el ambicioso programa de Boric. Todo eso en medio de un estancamiento económico y fuga de capitales. Y propuso un retiro de pensiones, aunque mucho más acotado que el de los diputados.
• Cuando en la Cámara se rechazó la idea de legislar sobre su reforma tributaria reaccionó airado denunciando que por culpa de la oposición la gente se quedaría sin beneficios sociales prometidos.

Fuga de capitales. También sobreestimó los ingresos por concepto de repatriación de capitales, que fue solo un 15% de lo estimado, generando un déficit de $ 688.535 millones y llevó a un déficit fiscal de 2.9%. Eso lo obligó a recortar el gasto en US$ 600 millones.

• El fracaso de la repatriación fue una señal clara de que quienes habían llevado su dinero al extranjero no veían condiciones para traerlas de regreso. Se calcula que en su momento álgido salieron del país US$ 50.000 millones.
• La meta de inflación fijada por el Banco Central se ve inalcanzable por ahora. Vale decir, las tasas de interés seguirán altas, dificultando la reactivación de la construcción, industria clave para salir del estancamiento.
• El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo público encargado de asesorar y contribuir a una sana política fiscal, emitió una nueva alerta sobre la conducción de las finanzas públicas: manifestó “preocupación” por las cifras del 2024, que arrojaron un déficit estructural equivalente al 3.2% del PIB, muy por sobre la meta del 1.9% comprometida por Hacienda.
• El CFA exigió recortes de gastos de al menos US$ 1.554 millones para el 2025 (aunque hay economistas que lo sitúan en US$ 3.000 millones). Agrega que el aumento del gasto fiscal es de una “magnitud extraordinaria” y acentúa el estrés de la billetera pública.

El caso Corfo. En este contexto surge el polémico uso de US$ 3.500 millones, que Marcel le sacó a la Corfo para gastos generales y dejó en evidencia que el Estado no tiene plata para solventar el gasto comprometido en cosas tan fundamentales como la seguridad pública.

• En tiempos normales se abría recurrido al endeudamiento, pero ya no es una opción porque la deuda está al límite de lo tolerable. De no haberle metido mano a los fondos de la Corfo -provenientes de sus inversiones en el litio- el endeudamiento sería de un 43.3% del PIB en vez del 42.3 actual.
• El drama es que esto puede volver a repetirse porque no fue un caso puntual. La falta de recursos es estructural y no podemos endeudarnos sin dañar la reputación del país. A menos que se reduzca drásticamente el gasto público, algo improbable -por no decir imposible- en un año electoral.
• Lo que hizo Marcel no es ilegal. Pero ilustra la precariedad en que se encuentra la hacienda pública. El Estado tuvo que recurrir al “raspado de la olla” para cumplir con sus obligaciones, desprendiéndose de activos financieros de la Corfo. Todo para maquillar las cuentas y evitar que aparezca un aumento de la deuda pública que habría afectado la calificación de las agencias aseguradoras de riesgo.

¿Podría ser peor? Este tipo de medidas no son nuevas en América Latina. Han sido la antesala de crisis económicas. La venta de activos para financiar gasto corriente puede proporcionar un alivio momentáneo, pero no resuelve el problema estructural: el Estado sigue gastando más de lo que recauda.

• Naturalmente, sería injusto culpar a Marcel de todos los males que aquejan a nuestra economía y, tal vez, las cosas serían peores si el ministro fuera otro.
• Hubo eventos que afectaron negativamente la economía durante el gobierno del Presidente Piñera, como la pandemia y el estallido social de 2019. Eso llevó a un fuerte incremento del gasto en programas sociales y para mitigar los efectos del confinamiento. Fueron respuestas necesarias en su momento, pero su permanencia en el tiempo, sin ajustes adecuados, dejó un déficit estructural difícil de revertir.
• Sin embargo, el meollo del asunto sigue siendo la mediocridad del crecimiento económico en estos 3 años y el aumento sin precedentes del aparato estatal. Ambas cosas son responsabilidad del actual gobierno.
• En estos años, se han incorporado miles de nuevos empleados públicos llegando a un total 1.194.871 en 2024, ¡equivalente al 17 por ciento de la fuerza laboral!  Algunos gozan de altísimas remuneraciones, aumentando la carga fiscal en sueldos y beneficios.

Marcel atrapado. La expansión del empleo público no ha sido acompañada de una mejoría proporcional en la eficiencia del Estado, lo que genera dudas de la sostenibilidad de estos puestos en el tiempo.

• La deuda pública ha aumentado en forma sostenida y se acerca al 43% del PIB. Pese a las alertas de economistas y organismos internacionales, el gobierno ha minimizado la gravedad del problema. Ha seguido con reformas muy costosas, como la previsional, que conlleva la creación de un inversor público y el remozamiento del INP para prestar servicios a los nuevos inversores privados.
• Marcel ha quedado atrapado entre la necesidad de enviar señales de responsabilidad fiscal y la presión política desde La Moneda por mantener el alto nivel de gasto, sobre todo en tiempos electorales; y ponerle la proa a grandes proyectos de inversión que podrían desbarrancar la economía.
• Hasta hace solo unos días había amplio consenso de que los plazos de tramitación de proyectos de inversión eran inaceptablemente largos. Se acuñó un nuevo termino al respecto: la permisología. Pero a raíz del proyecto Dominga el gobierno decidió por razones estrictamente políticas ignorar los fallos del tribunal ambiental y el ministro de medio ambiente ahora dice la “permisología” no es más que un término “inventado”. ¡La incertidumbre continúa!
• A pesar de la estrechez presupuestaria fruto de la pandemia y el estallido, Piñera le dejó a Boric US$ 700 millones de libre disposición para implementar su agenda. Algo que este gobierno no podrá hacer.
• El futuro gobierno deberá encarar un saneamiento de las cuentas fiscales, un ajuste del gasto público, racionalizar el número de funcionarios y mejorar la eficiencia del Estado. Con la capacidad de endeudamiento copada tendrá que apostarlo todo al crecimiento y a la reactivación de la economía, única fuente de recursos para implementar su agenda y cumplir los compromisos ya aprobados.