En un municipio que se autodenomina feminista y defensor de los derechos de las mujeres, dos funcionarias han vivido en carne propia violencia de género.
Se trata de Camila Abarca y Nicole calle, quienes fueron víctimas de acoso laboral, desplazamiento injustificado y una revictimización sistemática por parte de sus superiores al interior de la Municipalidad de Viña del Mar.
Todo esto en un entorno donde la igualdad y el apoyo a la mujer parecen ser solo un discurso. Sus testimonios exponen una administración que, lejos de proteger a sus trabajadoras, las ha relegado, vulnerado y obligado a tomar medidas drásticas para preservar su bienestar y el de sus familias.
Camila Abarca: castigada por ser madre
Camila Abarca trabajó durante nueve años en el municipio sin mayores problemas, pero su pesadilla comenzó cuando quedó embarazada y accedió a tomar el prenatal. A pesar de que seguía cumpliendo funciones a distancia, recibió un correo en el que se le informaba que su cargo sería ocupado por una alumna en práctica y que ya no la necesitaban. Desde ese momento, intentó gestionar su reincorporación, pero enfrentó trabas constantes y, al regresar, sufrió maltratos por parte de sus superiores.
Se le negó el teletrabajo a pesar de que su hija recién nacida tenía problemas de salud graves, y se vio forzada a llevar a su bebé a la oficina bajo condiciones indignas, sin espacios adecuados para amamantarla o mudarla, y recibiendo tratos despectivos. Una vez su hija Sofía cayó hospitalizada por sus complejos cuadros de salud, Camila fue obligada a seguir asistiendo a reuniones presenciales, a riesgo de exponer a su pequeña a nuevas recaídas.
Se le negó el teletrabajo a pesar de que su hija recién nacida tenía problemas de salud graves, y se vio forzada a llevar a su bebé a la oficina bajo condiciones indignas, sin espacios adecuados para amamantarla o mudarla, y recibiendo tratos despectivos. Una vez su hija Sofía cayó hospitalizada por sus complejos cuadros de salud, Camila fue obligada a seguir asistiendo a reuniones presenciales, a riesgo de exponer a su pequeña a nuevas recaídas.
“Lo más denigrante fue tener que dar pecho a mi hija mientras atendía público. No tenía un espacio privado para amamantarla ni para cambiarla. La tenía que mudar en el suelo, cubriéndola con mi chaqueta, mientras todos me miraban con pena. Y cuando ella fue hospitalizada, me dijeron que tenía que seguir asistiendo a reuniones porque el trabajo era lo primero”, relató.
Pero con el tiempo, el acoso se intensificó aún más: la dejaron sin funciones claras, la trasladaron arbitrariamente, y fue sometida a una presión tal que su salud mental se deterioró. Finalmente, se vio obligada a renunciar, dejando atrás un entorno que la castigó por ser madre, mientras sus agresores continúan en sus puestos.
La trabajadora denunció formalmente su situación ante sus superiores y buscó apoyo en la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien inicialmente respondió de manera positiva, pero luego dejó de atender sus solicitudes. El sumario administrativo iniciado por su denuncia se ha extendido sin resolución concreta, mientras que el daño psicológico y profesional para Camila ha sido irreversible.
“Pedí ayuda en la alcaldía y me dijeron que era ‘un caso difícil’, que entendían mi situación, pero que debía poner primero el trabajo… entonces yo digo cómo la alcaldesa permitió esto, siendo ella supuestamente feminista y defensora de las mujeres, lo mismo la concejala Nancy Díaz, que andan con sus pañuelos morados. Ella también escuchó mi caso, pidió un memo, pero no hicieron nada más frente a esta situación de la que todo mi entorno de trabajo estaba al tanto”.
El caso de Nicole Calle: exposición constante a la violencia laboral
Nicole Calle trabaja desde hace 11 años en la Municipalidad de Viña del Mar, ocupando el cargo de secretaria administrativa y, en los últimos dos años, como secretaria municipal. En 2021, tras denunciar el acoso de un compañero de trabajo que mantenía comportamientos inapropiados y despectivos hacia ella y otras funcionarias, Nicole comenzó a enfrentar represalias directas. Fue apartada de su cargo y trasladada a una oficina sin funciones claras ni condiciones adecuadas de trabajo, todo por alzar la voz frente al abuso; situación que le ocasionó graves problemas de salud.
Según el informe del IST, su diagnóstico fue clasificado como una enfermedad laboral debido a las condiciones organizacionales estresantes a las que estuvo expuesta, confirmándose una relación directa entre su ambiente laboral y los síntomas de angustia y desánimo que presentó. La denuncia de Nicole contra su agresor ha estado en proceso durante más de dos años, sin resolución. Este hecho ha significado una prolongada exposición a un ambiente laboral hostil, lo que ha contribuido a un estado de estrés crónico y deterioro en su salud mental. A pesar de la certeza en la existencia de acoso laboral, el municipio ha mantenido una actitud de indiferencia y falta de acción frente a esta situación.
“Yo me desayuné de que la alcaldesa, por ejemplo, siendo que yo denuncié y ella instruyó una investigación sumaria en el consejo, estaba todos los días sentada con una persona que es un agresor, de quien ella se jacta y dice que defiende los derechos de los trabajadores y de las mujeres. O sea, yo, Nicole, nunca he sentido ni apoyo de su gestión ni de ella”, precisó la funcionaria.
El caso de Nicole revela otro patrón de negligencia institucional y demora en la resolución de conflictos laborales: a pesar de que la evaluación del IST confirmó la existencia de acoso y condiciones laborales insostenibles, el sumario administrativo abierto tras su denuncia lleva más de dos años sin avances significativos. La reubicación de Nicole en un departamento sin condiciones adecuadas y la falta de respuesta concreta de sus superiores reflejan una estrategia institucional de desgaste y abandono, diseñada para desincentivar la continuidad de su denuncia.
“Yo llegaba todos los días con miedo. Miedo a las represalias, a las miradas de mis compañeros, a la indiferencia de mis superiores. Sabía que me estaban aislando y que querían que renunciara, pero yo me resistí porque sentía que, si me iba, ellos ganaban. El daño psicológico fue enorme y hasta hoy estoy tratando de recuperar mi estabilidad emocional”, explicó.
Camila y Nicole han llevado sus casos a la justicia, con la representación legal del abogado Felipe Olea, en busca de una reparación por el daño sufrido. Sus historias no solo denuncian la hipocresía de una gestión, sino que también ponen en el centro del debate una pregunta fundamental: ¿cómo puede una institución proclamarse feminista mientras vulnera sistemáticamente a las mujeres que trabajan en ella?
Al respecto, Daniela Camilla, asesora legal en el quipo de Olea, señaló: “Sus testimonios no solo revelan la realidad de dos mujeres que han sido víctimas de un sistema abusivo, sino que también exigen una respuesta, pues es urgente que el municipio deje de encubrir casos de violencia laboral y que adopte medidas reales para garantizar un entorno seguro y justo para sus trabajadoras”. En esa línea, enfatizó en que “resulta increíble pensar que situaciones como esta ocurran en el ‘municipio de cuidados’, el que se arroga tener perspectiva de género”.
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