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El diputado Andrés Longton ofició al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, para exigir explicaciones por el evidente fracaso del sistema “Guardián”, tecnología que debía bloquear señales de celulares en los principales recintos penitenciarios del país, pero que —según un informe reservado de la Contraloría— no solo es ineficaz, sino que presenta fallas críticas que permiten que los internos continúen operando redes criminales desde el interior de las cárceles.

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“El sistema ‘Guardián’ se presentó como una solución de punta, costó más de 5 mil 600 millones de pesos, y hoy sabemos que es completamente inútil. No bloquea las señales, interfiere con su propia infraestructura y los internos ya saben cómo burlarlo. Es gravísimo”, advirtió Longton.

El informe de la Contraloría no solo cuestiona la efectividad del sistema instalado en el Complejo Penitenciario de Santiago —que incluye la ex Penitenciaría, Santiago 1 y la Cárcel de Alta Seguridad—, sino que revela que Gendarmería no tiene capacidad para fiscalizar adecuadamente la implementación del servicio. Además, se constata que el antiguo sistema Jammer apenas logra bloquear tecnología 2G, prácticamente inexistente hoy.

“Lo más preocupante es que, pese a este desastre técnico y financiero, el Estado sigue pagando por un servicio que no cumple su función. ¿Quién responde por esto? ¿Dónde están las multas? ¿Por qué se sigue pagando por un sistema que claramente no funciona?”, cuestionó el parlamentario.

Longton también pidió que el Ministerio informe si existen sumarios administrativos contra funcionarios de Gendarmería, luego de que el mismo informe detectara cerca de 200 celulares de uso interno con “conductas anómalas” potencialmente vinculadas a hechos ilícitos.

“No puede ser que los celulares en las cárceles se hayan convertido en herramientas del crimen organizado, mientras el Estado fracasa en controlarlos. No basta con más presupuesto para la seguridad, la plata tiene que gastarse bien para combatir la delincuencia”, concluyó.