La organización criticó el anuncio del embajador chino sobre indemnizaciones a una empresa afectada por ataques en la Macrozona Sur, mientras miles de pequeños y medianos empresarios chilenos llevan años sin recibir apoyo.

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Con más de US$ 188 millones en pérdidas entre 2021 y 2023, exigen que el Gobierno aclare su postura y aplique un sistema de compensaciones justo para todos.

La Multigremial de La Araucanía reaccionó con dureza al anuncio del embajador de China, Niu Qingbao, quien aseguró que el Gobierno chileno se comprometió a compensar legalmente los daños sufridos por la empresa China International Water & Electric Corporation, tras los ataques a la central hidroeléctrica Rucalhue.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial, cuestionó la desigualdad en el trato estatal entre empresas extranjeras y chilenas:

“Nos parece correcto avanzar en mecanismos de compensación, pero el Estado no puede tener una doble vara: a las empresas chinas las indemniza, a las chilenas las ignora”, afirmó.

Según cifras recopiladas por la propia Multigremial, entre 2021 y 2023 se han registrado la destrucción de 542 máquinas y 674 vehículos  —entre ellos principalmente camiones— en atentados en la Macrozona Sur.

El daño económico supera los US$ 188 millones, sólo en maquinarias y equipos, en ese periodo, afectando mayoritariamente a emprendedores y empresas chilenas.

La organización gremial —que reúne a todos los sectores productivos de la región— viene solicitando hace años un sistema de compensaciones por terrorismo rural.

“Nos parece un buen camino, lo hemos pedido durante años. Pero que sea igual para todos, no solo porque una superpotencia protesta”, sentenció el dirigente.

Desde la Multigremial de La Araucanía advirtieron que el mensaje del Gobierno es peligroso:

“Si el Estado solo actúa cuando hay presión internacional, lo que transmite es que la vida y el trabajo de los chilenos valen menos”.

Nos parece correcto que se invoque la ley antiterrorista por este hecho, pero tengamos claro que ya habían ocurrido al menos cinco atentados contra chilenos desde que esta fue promulgada, y el gobierno no la invocó.

Al Gobierno le falta fuerza y convicción para perseguir y desarticular los grupos terroristas.