Nuevas restricciones apuntan a reducir el acceso gratuito a salud y educación para migrantes en situación irregular o con residencia temporal. El gobierno de Javier Milei busca limitar el ingreso de personas con antecedentes penales y aumentar el control sobre los recursos estatales.
El Gobierno de Argentina anunció este miércoles una serie de reformas para endurecer su política migratoria, con énfasis en la expulsión de extranjeros condenados por delitos y el cobro de servicios públicos a personas en situación irregular o con residencia temporal.
“Entra casi cualquiera”: Gobierno cuestiona ley migratoria actual
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó los cambios señalando que la normativa vigente “invita al caos” y permite el “abuso” de quienes ingresan al país “sin intención de contribuir”.
“Entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”, afirmó.
Adorni sostuvo que en los últimos 20 años han ingresado al país más de un millón de personas de forma irregular, y lamentó que muchas de ellas continúen residiendo en Argentina “para peligro de todos los demás”.
Claves de la reforma migratoria en Argentina
Entre las principales medidas anunciadas por el Ejecutivo se encuentran:
- Expulsión inmediata de extranjeros con condenas, sin importar la duración de la pena.
- Rechazo en fronteras para personas con antecedentes penales.
- Cobro por servicios de salud pública a residentes temporales, transitorios e irregulares.
- Exigencia de seguro médico privado para ingresar al país.
- Universidades podrán cobrar aranceles diferenciados a estudiantes temporales.
- Ciudadanía restringida solo a quienes residan dos años continuos o inviertan en el país.
- Nuevos requisitos para la residencia, como medios económicos y ausencia de antecedentes.
“Turismo sanitario”: foco en el gasto hospitalario
El Gobierno también apuntó contra lo que denominó “tours sanitarios”: extranjeros que ingresan para recibir atención médica gratuita y luego regresan a su país.
Según Adorni, solo en 2024, ocho hospitales públicos gastaron 114.000 millones de pesos (unos 90 millones de euros) en la atención de personas extranjeras.
“No es justo que los que pagan impuestos financien el abuso de quienes vienen a usar servicios que no les corresponden”, señaló el vocero presidencial.
Reacciones y contexto
Estas medidas forman parte de una política migratoria más restrictiva impulsada por el gobierno de Javier Milei, bajo el argumento de proteger los recursos públicos y aumentar el control sobre la inmigración.
Desde sectores defensores de los derechos humanos ya se han levantado críticas, advirtiendo que las reformas podrían vulnerar tratados internacionales y aumentar la discriminación hacia comunidades migrantes.
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