Informe denuncia derivaciones desde los 3 años y falta de consentimiento parental

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre la aplicación de terapias hormonales y programas de acompañamiento a menores cuya identidad de género no coincide con su sexo registral. El documento, impulsado por parlamentarios de oposición, plantea serias críticas al rol de organismos estatales y recomienda la suspensión inmediata de estos tratamientos en menores de edad.

Según el informe, desde 2018 más de 600 menores habrían sido derivados desde el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) hacia tratamientos hormonales, incluso en casos de niños de apenas tres años. También se cuestiona la legalidad de estas prácticas, en particular cuando se han realizado sin el consentimiento de los padres o incluso en contra de su voluntad.

Críticas al Estado y llamado a proteger el rol de los padres

El diputado RN por la región de Los Lagos, Mauro González, uno de los impulsores de la comisión, valoró la aprobación del informe como un paso relevante para la protección de la infancia:

“Estamos contentos porque esto es una señal clara de resguardo hacia los niños, niñas y adolescentes. Su salud debe basarse en evidencia científica segura y no en una ideología. El informe recomienda terminar con las terapias hormonales en menores, asegurar el derecho preferente de los padres y remitir los antecedentes a Contraloría y Fiscalía”, señaló el parlamentario.

En la misma línea, la diputada Camila Flores destacó la gravedad de las situaciones denunciadas:

“No podemos ser cómplices de la hormonización de niños desde los 3 años, muchas veces en contra de la voluntad de sus padres, quienes incluso arriesgan perder la custodia. El Estado no puede reemplazar el rol de las familias”, declaró.

Recomendaciones del informe y acciones legales

El documento final de la comisión investigadora incluye una serie de propuestas concretas:

• Suspensión del Programa PAIG.
• Prohibición de terapias hormonales y quirúrgicas en menores de edad.
• Remisión de antecedentes a la Contraloría, Ministerio Público y Corte Suprema.
• Auditoría a los organismos públicos involucrados.
• Revisión integral de los protocolos del Ministerio de Salud.

El diputado Diego Schalper afirmó que este trabajo busca cerrar vacíos legales y reglamentarios:

“Este informe visibiliza prácticas que atentan contra la integridad de menores. Es un primer paso para proteger a los niños, especialmente a los más vulnerables”.

Por su parte, el diputado Eduardo Durán reforzó el enfoque de defensa familiar:

“El Estado no tiene derecho a imponer una ideología que vulnere la integridad de los menores. Nos oponemos firmemente a tratamientos realizados fuera del marco ético, médico y familiar. La infancia debe ser cuidada, no instrumentalizada”.