El caso licencias médicas revelado por la Contraloría General de la República (CGR) sigue generando repercusiones. El informe expuso que más de 25 mil funcionarios públicos o prestadores de servicios estatales habrían hecho uso indebido de permisos médicos para trabajar en otras funciones o incluso viajar.

A raíz de esto, se anunciaron nuevas investigaciones en instituciones clave como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas.

Efecto dominó en otras instituciones del Estado

El impacto del caso licencias médicas ha alcanzado a los poderes Judicial y Legislativo, así como al Ministerio Público. Estas entidades, que no están bajo fiscalización directa de la Contraloría, han iniciado sus propios procedimientos para detectar irregularidades similares en sus respectivas estructuras.

¿Se puede exigir la devolución del dinero?

Una de las principales inquietudes es si el dinero percibido indebidamente puede recuperarse. Según Rosa Fernanda Gómez, profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, existen mecanismos legales para exigir la restitución de los fondos.

“Cuando se trata de funcionarios en ejercicio, hay mecanismos más directos y eficientes para realizar los descuentos”, explica la experta. Sin embargo, aclara que “cuando se trata de exfuncionarios, el proceso existe, pero es mucho más extenso”.

¿Se puede sancionar a quienes renuncian?

Respecto a las sanciones, Gómez señala que la administración pública puede perseguir la responsabilidad administrativa incluso si el funcionario ha renunciado, pero solo en ciertos casos.

Esto solo aplica si el sumario ya ha sido iniciado antes de la renuncia. En ese caso, la sanción puede aplicarse en su nuevo lugar de trabajo si permanece en el aparato público. Además, queda un registro en su hoja de vida con la nota de demérito correspondiente.

“Si esa persona entra a otro servicio público, la sanción la debe aplicar el nuevo jefe del servicio”, aclara Gómez.

¿Y si hay una interrupción laboral?

La posibilidad de sancionar pierde fuerza si hay una discontinuidad en el empleo público. Es decir, si la persona deja el cargo y no se integra inmediatamente a otro organismo estatal, la responsabilidad administrativa no puede hacerse efectiva.