El exdiputado es investigado por uso de facturas falsas, tráfico de influencias y su rol informal en la gestión de la Municipalidad de Maipú.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el exparlamentario Joaquín Lavín León, acusándolo de presunta malversación de caudales públicos. La acción judicial fue ingresada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y es liderada por el abogado Marcelo Chandía, en representación del organismo estatal.

La querella también apunta a tres de sus asesores cercanos: Arnaldo Domínguez Vallejos, Felipe Vásquez Diéguez y Juan Alberto Silva Morales, todos investigados por su eventual participación en el uso irregular de recursos fiscales.

Malversación de fondos públicos: investigación por facturas falsas y asesorías fantasma

El caso se enmarca en una indagatoria mayor que tiene como origen las irregularidades detectadas en la administración de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú. En este contexto, Lavín León habría operado como una figura de poder informal en el municipio, apodado incluso como “el alcalde en las sombras”.

Según el Ministerio Público, se habrían presentado facturas ideológicamente falsas para acceder a fondos públicos por servicios que nunca se prestaron. Esta práctica podría configurar una malversación sistemática de fondos estatales.

CDE y Fiscalía investigan fraude al Fisco y tráfico de influencias

Entre los delitos que la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente intenta acreditar están:

• Fraude al Fisco
• Tráfico de influencias
• Negociación incompatible

A fines de octubre, el Ministerio Público allanó el domicilio y las oficinas parlamentarias de Lavín León. En la diligencia se incautaron celulares, computadores y documentos clave para la investigación penal.

Querella contra Lavín León: impacto político y antecedentes familiares

El imputado es hijo del exministro y excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante, y ha ocupado cargos en el Congreso como diputado. La presentación de esta querella por parte del CDE indica que el Estado considera que el daño al patrimonio fiscal podría ser significativo.

Desde organizaciones ciudadanas y parlamentarios de diversos sectores se ha solicitado que se transparente la información y se sancione a los responsables en caso de comprobarse los delitos.