Tribunal solicita extradición desde Israel por sustracción de menores

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento por sustracción de menores durante la dictadura. Ordenó la prisión preventiva de cinco personas y solicitó la extradición de Ivonne Gutiérrez Pávez, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando.

Gutiérrez vive actualmente en Israel. La investigación reveló que formó parte de una red que entregaba niños chilenos a matrimonios extranjeros a cambio de dinero. Cada adopción habría generado hasta 50 mil dólares.

Operación ilegal en San Fernando

Durante los años 80, una organización operó en San Fernando con la complicidad de jueces, abogados, médicos, religiosos y funcionarios públicos. El grupo identificaba a madres vulnerables y les quitaba a sus hijos. Luego, tramitaban adopciones en el extranjero con documentos falsos.

Los procesados son:

• Ivonne Gutiérrez Pávez
• Ismael Moisés Espinoza León
• Carlos Vega Segura, egresado de Derecho
• Laura Silva Sánchez
• Sylvia Vilches Rojas

Casos clave: intentos frustrados y adopciones rápidas

Uno de los casos más graves ocurrió en enero de 1983. Una niña llamada Andrea, de tres años, fue sustraída por Gutiérrez y dos miembros del grupo. La madre logró recuperarla pocos días después, gracias a la intervención de Carabineros.

Ese mismo año, Gutiérrez autorizó en solo un día la salida del menor A.A.R.R. a Estados Unidos. La operación fue coordinada con estudios jurídicos y oficinas del Registro Civil en Santiago.

Manipulación de juicios y engaño a las madres

Los testimonios indican que la exjueza redactó las renuncias a la maternidad usando lenguaje legal que las madres no comprendían. Muchas eran menores de edad o no tenían educación formal. Además, Gutiérrez habría incluido declaraciones falsas en los expedientes para facilitar las adopciones.

El magistrado acusó a los implicados de prevaricación dolosa y falsificación de documentos.

Crímenes de lesa humanidad: sin prescripción

Aguilar calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad. Argumentó que los delitos fueron sistemáticos, lucrativos y amparados por el sistema judicial. Por eso, rechazó la prescripción.

El juez explicó que la red vulneró derechos fundamentales. Los responsables destruyeron vínculos familiares usando procedimientos ilegales y fraudulentos.

La causa sigue abierta

La Corte de Apelaciones de Santiago continúa con la causa. El tribunal no descarta nuevas imputaciones ni más solicitudes de extradición.