Sumarios por contratos indebidos, uso político de recursos y saldos sin rendir
La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en los gastos y transferencias realizadas por seis Gobiernos Regionales entre enero y septiembre de 2024. Las observaciones derivarán en sumarios administrativos y, en algunos casos, remisión de antecedentes al Ministerio Público.
Las entidades fiscalizadas fueron los Gobiernos Regionales (GORES) de la Región Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.
Foco en uso político y destino de recursos públicos
Las auditorías evaluaron las transferencias de fondos al sector privado, verificando posibles conflictos de interés y evitando vínculos con campañas electorales. Además, se examinó el uso institucional de vehículos, redes sociales, y personal para asegurar que no se destinaran a fines políticos o de promoción personal de autoridades.
Región Metropolitana: gastos en asesorías con contenido electoral
La CGR constató que el GORE Metropolitano pagó $31.366.179 por asesorías cuya ejecución estuvo centrada en temas relacionados con la contingencia política y la campaña de reelección del gobernador, y no en contenidos de coaching como señalaba el contrato.
También se detectaron compras por trato directo por más de $51 millones sin justificar el cumplimiento normativo, y contrataciones con empresas como IDOM Consulting y AJEM Asesores por $46 y $109 millones, respectivamente, sin acreditar cumplimiento contractual ni idoneidad del proveedor.
Sumario administrativo en curso. (IF N°873 de 2025)
Tarapacá: uso de redes institucionales y contrataciones indebidas
La Contraloría Regional de Tarapacá advirtió la falta de control sobre cuentas pendientes de rendición. Además, se detectó el uso de redes del GORE para promover a candidatos, lo que constituye un uso indebido de recursos públicos.
Se observaron dos contratos a honorarios improcedentes por un total de $7.781.253.
Sumario instruido. (IF N°953 de 2024)
Antofagasta: más de $4.800 millones sin respaldo ni recuperación
El GORE de Antofagasta mantiene saldos sin rendir por más de $4.200 millones y recursos observados por más de $4.800 millones, muchos de ellos sin medidas de resguardo desde al menos 2021.
También se observaron irregularidades en el uso de vehículos fiscales, redes institucionales y contratos de honorarios para labores propias del servicio.
Sumario iniciado. (IF N°810 de 2024)
La Araucanía: estudios sobre la imagen del gobernador
La CGR cuestionó el pago de $49.980.000 por asesoría de opinión pública digital que incluía evaluación ciudadana del gobernador, lo que vulnera el principio de probidad.
Además, se contrataron servicios de transporte y asesorías legales sin justificación suficiente, por más de $69 millones y 400 UF, respectivamente.
Reparo por el total contratado. (IF N°927 de 2024)
Los Ríos: cuentas sin rendir desde 2015 y mal uso de viáticos
El GORE de Los Ríos tiene más de $8.600 millones en transferencias al sector público pendientes de rendición, algunas desde 2015. También existen $7.940 millones en anticipos sin justificación.
Se detectaron viáticos por más de $5 millones pagados por labores habituales y mal uso de vehículos fiscales.
Sumarios e instrucciones de mejora en control financiero. (IF N°897 de 2024)
Magallanes: redes sociales al servicio del gobernador
Se evidenció el uso de contrataciones a honorarios para gestionar redes sociales y la imagen pública del gobernador, desvirtuando el rol institucional de comunicación del GORE.
Asimismo, se aprobaron informes genéricos sin detalle de ejecución, con responsables distintos a los estipulados. Se suman irregularidades en el consumo de combustible del vehículo fiscal por más de cinco meses.
Sumario instruido. (IF N°811 de 2025)
Conclusión: Contraloría intensifica vigilancia sobre uso de recursos públicos
Los informes de fiscalización revelan patrones preocupantes: uso electoral de recursos institucionales, débil control financiero y falta de transparencia. La Contraloría continuará las investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y posibles derivaciones penales.
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