El desaforado diputado por La Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, volvió este lunes al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Debe cumplir prisión preventiva, luego de que la Corte de Apelaciones revocara el arresto domiciliario que cumplía. Ojeda está imputado por el delito de fraude al Fisco reiterado, en el marco del caso Convenios, específicamente en la arista “Manicure”.

Reingreso a la cárcel de Temuco

El abogado defensor Raúl Pérez Cofré explicó que el domingo no se concretó el reingreso de Ojeda porque la jueza de turno, Viviana García Utreras, está inhabilitada para conocer esta causa. La inhabilitación fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado debido a sus vínculos con funcionarios del Gobierno Regional involucrados.

El juez Federico Gutiérrez ordenó el reingreso del diputado, dando cumplimiento a lo resuelto por la Tercera Sala del tribunal de alzada. Esta instancia acogió un recurso del Ministerio Público. El tribunal determinó que Ojeda representa un riesgo para la sociedad y para el desarrollo del proceso.

Traslado a Santiago

Durante la audiencia, la defensa pidió el traslado del diputado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en Santiago. El tribunal aceptó la solicitud. Ojeda permanecerá cerca de una semana en la cárcel de Temuco antes de ser trasladado a la capital.

Ante consultas sobre si esta medida era un privilegio, el abogado Raúl Pérez Cofré aclaró que el traslado está contemplado en la ley. Aseguró que no representa un trato preferente para su defendido.

Acusación de la Fiscalía

La Fiscalía acusa a Mauricio Ojeda como autor de fraude al Fisco reiterado. En la arista “Manicure” del caso Convenios, el Ministerio Público solicita dos penas que suman 19 años de presidio.

La Corte de Apelaciones también debe resolver un recurso vinculado a la inhabilitación de la jueza García. La solicitud fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado, argumentando que la magistrada mantiene una relación de amistad con uno de los imputados.

El caso del exparlamentario sigue generando repercusiones políticas y judiciales. También ha reactivado el debate sobre la probidad y transparencia en la gestión pública en La Araucanía y a nivel nacional.