El Gobierno Regional Metropolitano solicitó la renuncia de la jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Mayuri Reyes Torres, luego de que surgieran antecedentes que vinculan su nombre con un presunto conflicto de interés en el Gore Metropolitano. La situación se relaciona con contrataciones directas por parte del organismo a una empresa privada en la que Reyes tendría lazos societarios.

Contratos sin licitación por más de $100 millones

Según denuncias presentadas por consejeros regionales de oposición, Mayuri Reyes mantendría una relación societaria con José Solís Venegas, socio de Ajem Asesores y Consultores Limitada. Esta empresa fue contratada directamente por el Gobierno Regional en al menos dos oportunidades durante 2024, sin que existiera un proceso de licitación, por un monto total de $109.302.180.

Los servicios prestados por Ajem Asesores estuvieron enfocados en apoyar el cierre de proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Esta situación generó inquietud dentro del Consejo Regional, desde donde se solicitó transparencia en los procesos de contratación y una eventual investigación administrativa.

Entregas voluntarias y colaboración con Fiscalía

Paralelamente a este caso, durante la misma semana se conocieron diligencias realizadas por el OS7 de Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, que incluyeron visitas a las oficinas del Gore y al domicilio del gobernador Claudio Orrego. Como resultado, se incautaron dispositivos electrónicos de al menos diez funcionarios, algunos de ellos en cargos estratégicos dentro del Gobierno Regional.

El Gore aclaró que estas diligencias no correspondieron a un allanamiento, ya que se realizaron en el marco de una entrega voluntaria de dispositivos, sin necesidad de orden judicial.

“El Gobernador y su equipo seguirán colaborando activamente con las instituciones correspondientes para esclarecer los hechos en el más breve plazo”, señalaron en una declaración oficial.

¿Qué implica un conflicto de interés en el sector público?

El conflicto de interés en el Gore Metropolitano expone una problemática mayor dentro del sector público: la delgada línea entre el ejercicio del poder y los intereses privados. Según la ley chilena, los funcionarios públicos tienen la obligación de inhibirse de participar en decisiones que puedan beneficiar directa o indirectamente a personas con quienes mantienen vínculos personales o económicos.

En este contexto, la posible relación de Mayuri Reyes con una empresa contratada sin licitación levanta sospechas sobre la probidad del proceso. Aunque la autoridad aún no ha sido formalizada judicialmente, su salida del cargo se interpreta como una medida preventiva frente al avance de la investigación.

Posibles consecuencias para la administración regional

El caso también pone presión sobre la figura del gobernador Claudio Orrego, quien enfrenta un ambiente de creciente escrutinio público. Si bien no se ha establecido su vinculación directa con los hechos investigados, la aparición de su nombre en diligencias de la Fiscalía complica el escenario político del oficialismo en la Región Metropolitana.

Además, el caso refuerza la necesidad de revisar los mecanismos de contratación directa en los gobiernos regionales, especialmente cuando se trata de montos elevados y asesorías sensibles como las vinculadas a proyectos FNDR.