El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llama a no politizar informe de Contraloría que detectó irregularidades por más de 1,5 billones de pesos en diversas reparticiones del Estado, generando un fuerte debate político y exigencias de responsabilidades.

Marcel defiende el funcionamiento del sistema de control externo

El secretario de Estado explicó que el informe de la Contraloría corresponde a una recopilación de las acciones de fiscalización realizadas durante 2024 y forma parte del funcionamiento habitual del sistema de control externo del Estado.

“No es una cuestión política ni un instrumento para debates electorales o conflictos políticos”, afirmó Marcel.

Destacó además que las respuestas de los servicios públicos frente a las observaciones de la Contraloría están contenidas en un informe paralelo elaborado por el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, que también evalúa la gestión del año 2024. Según Marcel, este proceso busca transparentar la administración pública y fortalecer los mecanismos de control.

Informe refleja fiscalizaciones de ejercicios anteriores

Marcel aclaró que muchos de los casos mencionados en el informe no se refieren estrictamente a acciones ocurridas en 2024, sino que corresponden en su mayoría a ejercicios anteriores.

“Muchas críticas parecen desconocer la naturaleza y lógica del informe, que es una compilación de fiscalizaciones de distintos períodos”, señaló el ministro.

Diputados RN exigen mayor responsabilidad política

Frente a estas declaraciones, los diputados de Renovación Nacional Frank Sauerbaum y Miguel Mellado emplazaron al ministro Marcel por minimizar las irregularidades detectadas, calificando su actitud como una normalización del despilfarro y la mala gestión de recursos públicos. Ambos parlamentarios exigieron que el titular de Hacienda entregue explicaciones claras en la Cámara de Diputados y se comprometa con medidas concretas para corregir estas falencias estructurales.

La importancia de garantizar la transparencia y eficiencia

Las críticas apuntan a la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control interno y externo, para evitar la repetición de estas irregularidades que afectan el correcto uso de fondos públicos. La ciudadanía demanda mayor transparencia y gestión responsable, sobre todo en un contexto donde el Estado enfrenta desafíos fiscales significativos.