CDE interpone querella por fraude al Fisco contra diputado Miguel Calisto

CDE interpone querella por fraude al Fisco contra diputado Miguel Calisto

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al Fisco contra el diputado Miguel Calisto, acusándolo de administración desleal de más de $100 millones mediante contratos irregulares con asesores, en perjuicio del erario público.

Consejo de Defensa del Estado presenta querella en Coyhaique

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por fraude al Fisco en contra del diputado Miguel Calisto Águila, exDC y actual militante del partido Demócratas, liderado por Ximena Rincón. La acción legal se interpuso ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique e incluye también a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, además de quienes resulten responsables.

Acusan desvío de asignaciones parlamentarias

Según el CDE, los involucrados habrían ejecutado una serie de maniobras para desviar fondos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias hacia fines no contemplados en la Ley de Presupuestos. La imputación central es que se firmaron contratos de asesoría sin respaldo documental ni evidencia del trabajo realizado.

Contratos irregulares y pagos sin justificación

La querella detalla que Carla Graf habría celebrado contratos con el diputado Calisto para prestar asesorías legislativas, cuyos honorarios aumentaron sin justificación. Sin embargo, no existen registros que acrediten que efectivamente se realizaron dichas labores, y tampoco era reconocida por el equipo de trabajo en la región de Aysén.

Se estima que el perjuicio al Fisco supera los $100 millones, pagados a Graf por servicios inexistentes. Según el CDE, esto fue aceptado y promovido por Calisto, incurriendo en administración desleal de fondos públicos.

Sospechas de uso electoral de fondos públicos

Además, se identificaron transferencias de dinero entre los imputados que coincidirían con épocas de campañas políticas, lo que refuerza la hipótesis de que los recursos fueron usados para fines personales y electorales, en una conducta que el CDE califica como dolosa y concertada.

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