Tras el informe de Contraloría que reveló viajes al extranjero durante licencias médicas, la Superintendencia de Seguridad Social informó que disminuyen solicitudes de licencias médicas en un 15%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró la baja como un avance hacia el control y la normalización del sistema.
Impacto del informe de Contraloría en el uso de licencias
El reciente informe de la Contraloría General de la República puso en evidencia irregularidades en el uso de licencias médicas, destacando casos donde funcionarios realizaron viajes al extranjero mientras estaban bajo permiso médico. Esta situación generó gran preocupación en la opinión pública y motivó a las autoridades a reforzar los controles y auditorías internas.
La denuncia pública derivó en una revisión exhaustiva de los procesos asociados a la emisión y fiscalización de licencias médicas, para evitar abusos y promover el uso responsable de estos permisos.
Superintendencia confirma baja del 15% en licencias emitidas
En ese contexto, la Superintendencia de Seguridad Social reportó que disminuyen solicitudes de licencias médicas en todo el sistema, con una reducción aproximada del 15%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que esta baja es significativa, ya que el volumen actual de licencias todavía supera los niveles previos a la pandemia.
“Se nota una baja importante en el uso de licencias para el conjunto del sistema”, afirmó Marcel, quien señaló que existe aún un margen para normalizar y racionalizar el gasto asociado a estos permisos.
Gobierno prepara balance sobre sumarios por uso indebido
Finalmente, el ministro Marcel adelantó que durante la jornada del jueves se entregará un balance sobre los sumarios administrativos que se están llevando a cabo en las reparticiones del Gobierno Central vinculados a licencias médicas. Estos procesos buscan sancionar eventuales irregularidades y fortalecer los mecanismos de control en el uso de licencias.
La autoridad aseguró que mantener la integridad del sistema de licencias es fundamental para garantizar la eficiencia del gasto público y el bienestar de los trabajadores.
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