El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, presentó una querella por injurias contra el tuitero crítico Roberto Kiltro (@RobertoMerken), lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales. La acción legal fue interpretada por amplios sectores como un intento de silenciar la disidencia digital y limitar la libertad de expresión en plataformas como X (antes Twitter).
La medida fue calificada por juristas y organizaciones defensoras de derechos humanos como un retroceso en materia de tolerancia a la crítica y un mal precedente para quienes opinan sobre figuras públicas desde el mundo digital. La polémica se inscribe en un contexto mayor de tensiones entre actores políticos y usuarios activos en redes.
“Querella de Sichel busca silenciar críticas digitales”
A través de una emotiva publicación en X, el tuitero expresó su preocupación por la seguridad de sus seres queridos y denunció que el poder político sigue intentando acallar voces que piensan diferente. “En la historia de Chile, quienes no tenemos poder hemos vivido bajo la amenaza y el abuso de quienes sí lo ostentan”, señaló.
🔴 Estimadas y estimados, primero quiero agradecer de corazón todo el apoyo que me han brindado.
— Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) July 1, 2025
Una cosa es ponerme yo en riesgo por lo que expongo; otra muy distinta es exponer a mis seres queridos. No estoy dispuesto a eso.
En la historia de Chile, quienes no tenemos poder…
El ciberactivista también afirmó que no busca ser creído ciegamente, sino invitar a la reflexión pública desde la disidencia. “Esa persecución sigue viva, bajo otras formas. Probablemente volveremos a encontrarnos en otros espacios”, escribió.
Defensa jurídica denuncia notificación irregular en querella de Sichel
El abogado de derechos humanos Fernando Leal, junto con Yerko Scheihing Sepúlveda, denunció que la querella fue notificada de manera irregular en una dirección falsa. El Receptor Judicial habría dejado la notificación en casa de la madre de Kiltro, pese a que declaró que su hijo no vivía allí.
Nos enteramos de tal querella porque un Receptor Judicial contratado por la parte querellante, fue a notificar al domicilio de la madre de Roberto en la comuna de San Miguel, quien pese a señalar que su hijo no vive ahí, el Receptor igualmente dejó la notificación. 2
— Fernando Leal (@FernandoLealA) July 1, 2025
“Se pretende validar una notificación espuria en un domicilio falso”, afirmó Leal. Por esta razón, el equipo jurídico de Kiltro interpuso una querella criminal contra el receptor judicial y quienes resulten responsables por falsedad en acto judicial. El recurso fue declarado admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Apoyo ciudadano a Kiltro tras querella por injurias
La querella de Sebastián Sichel generó un efecto contrario al esperado: cientos de mensajes de apoyo surgieron desde organizaciones de derechos humanos, activistas, periodistas y ciudadanos comunes, quienes ven en este caso un grave precedente para la libertad de expresión en Chile.
Un gran abrazo Roberto, toda mi solidaridad contigo y tu familia, ante los ataques de la jauría fascista !
— Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) July 1, 2025
El hashtag #YoApoyoAKiltro se viralizó durante el fin de semana, posicionándose como tendencia nacional en X. Diversos actores del mundo académico, cultural y político llamaron a defender el derecho a la opinión y denunciaron el uso de herramientas judiciales como método de amedrentamiento.
Libertad de expresión en Chile: ¿En riesgo por querellas políticas?
La controversia generada por la querella también reactivó el debate sobre los límites de la crítica política, la difusión de información en redes sociales y el uso del sistema judicial para enfrentar comentarios disidentes. Especialistas advirtieron sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a la libertad de expresión y actualizar la legislación vigente para evitar abusos judiciales.
El Colegio de Periodistas y organizaciones como Amnistía Internacional Chile se sumaron al debate, instando a una discusión parlamentaria sobre reformas que garanticen los derechos digitales y la opinión libre en contextos democráticos.
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