El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para cuatro nuevos imputados por el secuestro de un empresario en Quilicura. La medida se suma a la cautelar aplicada previamente a cinco sospechosos, mientras la investigación sigue en curso.

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Investigación y antecedentes del secuestro

El 7 de agosto, un empresario fue interceptado en Quilicura por un grupo de sujetos que lo obligaron a subir a un vehículo, iniciando un secuestro que conmocionó a la comunidad. Los captores exigieron un rescate de 300 millones de pesos, aunque finalmente la víctima fue liberada tras el pago de 80 millones al día siguiente en Puente Alto. Este hecho motivó una investigación intensa por parte de las autoridades, dada la gravedad del delito y su impacto en la seguridad ciudadana.

Audiencia de formalización anterior

El 13 de agosto se realizó la primera audiencia, en la que cinco sospechosos fueron formalizados y enviados a prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo. Este grupo inicial fue clave para obtener información sobre la dinámica del hecho y para avanzar en la identificación de otros posibles implicados.

Nueva audiencia y prisión preventiva

Este sábado 16 de agosto, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago sometió a control de detención a cuatro nuevos imputados vinculados al secuestro: tres de nacionalidad venezolana y uno chileno. Tras la audiencia, el tribunal determinó aplicar la misma medida cautelar que había sido asignada anteriormente, manteniéndolos en prisión preventiva mientras continúa la investigación. La resolución refleja la seriedad con que el sistema judicial aborda los delitos de secuestro y extorsión, resguardando la seguridad de la víctima y la integridad del proceso penal.

Siguiente fase de la investigación

La investigación sigue abierta, con diligencias que buscan esclarecer la participación exacta de cada uno de los imputados y detectar a otros posibles responsables. Las autoridades enfatizan que se están recopilando pruebas y testimonios que permitan reconstruir los hechos y garantizar que todos los implicados respondan ante la justicia.

Con estas medidas, la justicia chilena refuerza la protección frente a delitos graves como el secuestro, asegurando que los responsables sean procesados con rapidez y rigor, mientras se envía un mensaje claro de tolerancia cero frente a la criminalidad organizada.