En un nuevo golpe al caso “Fraude en Carabineros”, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el exfuncionario Aldo José Cereceda Salinas restituya más de $61 millones al Fisco, rechazando la prescripción alegada por su defensa y consolidando un nuevo precedente en la investigación de corrupción más grande de la policía uniformada.

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Corte rechaza prescripción y acoge demanda del Fisco

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime la demanda civil presentada por el Estado en contra de Aldo José Cereceda Salinas, exfuncionario condenado penalmente por malversación de caudales públicos y lavado de activos en el denominado fraude en Carabineros.

El tribunal revocó el fallo del 25° Juzgado Civil de Santiago, que había aceptado la excepción de prescripción extintiva, y determinó que la defensa no tenía fundamento para eximir a Cereceda del pago de la indemnización.

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Reconocimiento de deuda y daño patrimonial al Estado

Uno de los argumentos centrales de la Corte fue que el exfuncionario, durante el proceso penal, consignó $3 millones al Fisco como parte de una estrategia para obtener beneficios atenuantes. Para los jueces, este gesto representó un reconocimiento explícito de la deuda y, por ende, una renuncia tácita a la prescripción que buscaba invocar su defensa.

El fallo recordó que Cereceda participó directamente en la sustracción de $61.641.500 desde una cuenta institucional de Carabineros destinada a “valores en tránsito”, transfiriendo los fondos a su cuenta personal en el Banco del Estado. Esto configuró un daño patrimonial directo al Fisco, lo que obliga a reparar los perjuicios ocasionados.

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Un nuevo capítulo del mayor caso de corrupción policial

La Corte ordenó al exfuncionario pagar $61.641.500 más reajustes e intereses, además de las costas del proceso. Con esta decisión, el caso fraude en Carabineros suma un nuevo precedente judicial que se suma a decenas de condenas dictadas desde que estalló en 2017, con un desfalco estimado en más de 35 mil millones de pesos.

Este escándalo, considerado el mayor en la historia de la policía uniformada, involucra a una red de funcionarios y civiles que durante años desviaron recursos públicos. El reciente fallo confirma que las responsabilidades penales también tienen consecuencias civiles y financieras, reforzando el deber de reparación hacia el Estado.