La diputada Natalia Romero (Ind. UDI) anunció que ofició a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se investiguen los hechos relacionados con la implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, más conocida como Ley Uber, tras conocerse un despilfarro superior a $513 millones en la Subsecretaría de Transportes.
El contrato con la empresa Concordia Ediciones SpA, encargada de desarrollar el Registro de Empresas de Transporte (EAT), fue rescindido en agosto por graves incumplimientos y falencias en el servicio. Esta plataforma estaba destinada a alojar la información de conductores, pasajeros y viajes, pero su desarrollo no cumplió con los estándares requeridos, generando pérdidas millonarias y retrasos en la implementación de la ley.
Recursos adicionales y aumento del presupuesto
Romero también denunció que el Ejecutivo habría destinado cerca de $800 millones adicionales para contratar a una nueva empresa, es decir, un 55% más del presupuesto inicial.
“Estamos frente a un despilfarro millonario de recursos públicos, del cual el Ejecutivo no puede desentenderse, porque fueron ellos quienes contrataron vía trato directo a esta empresa y tenían la obligación de planificar y supervisar el desarrollo de esta plataforma, lo que evidentemente no hicieron”, sostuvo la parlamentaria.
El mal manejo de los recursos, sumado al aumento del presupuesto, genera preocupación sobre la gestión administrativa de la Subsecretaría de Transportes y plantea la necesidad de establecer responsabilidades políticas y legales.
Oficios a Contraloría y CDE
En este contexto, Romero remitió los antecedentes a la Contraloría para que se investigue el trato directo realizado por la Subsecretaría y los montos involucrados. Además, pidió al CDE que estudie la presentación de una querella por eventuales delitos asociados a este despilfarro.
La diputada enfatizó que este tipo de irregularidades no solo representan un daño económico, sino también una falla en la transparencia y gestión de contratos públicos, afectando la confianza de la ciudadanía en la administración del Estado.
Citación urgente al ministro y subsecretario
Romero adelantó que solicitará a la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados citar de manera urgente al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y al subsecretario Jorge Daza, para que entreguen explicaciones detalladas sobre lo ocurrido y las medidas que se tomarán para resguardar los recursos públicos.
“Aquí no solo hay recursos que se deben recuperar, sino que también existen responsabilidades políticas y administrativas que deben asumirse. El país merece una explicación clara y transparente, y lo mínimo que corresponde es que las autoridades den la cara en el Congreso para responder por este grave perjuicio fiscal”, recalcó.
Implicancias y futuro de la Ley Uber
Finalmente, la diputada recordó que la UDI ya había manifestado reparos a la aplicación de la Ley Uber y que, ante esta situación, resulta evidente la necesidad de postergar su entrada en vigencia hasta que se resuelvan los problemas detectados.
El caso no solo pone en evidencia un mal manejo de recursos públicos, sino que también plantea riesgos legales y administrativos que podrían tener repercusiones políticas importantes para el Ejecutivo.
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