El diputado Jorge Alessandri (UDI) contestó a las críticas del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, asegurando que las denuncias en el caso de Bernarda Vera no buscan relativizar las violaciones a los derechos humanos, sino garantizar un uso correcto de los recursos fiscales.
Polémica en torno al caso Bernarda Vera
El caso de Bernarda Vera, mujer inscrita como detenida desaparecida en el Informe Rettig y que actualmente reside en Argentina, sigue generando controversia política y judicial.
Tras las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien acusó a los denunciantes de actuar de forma irresponsable y de defender a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el diputado Jorge Alessandri (UDI) salió a responder, cuestionando la gestión de la cartera y el uso de los recursos públicos en este caso.
“No es negacionismo, es proteger los dineros del Estado”
Alessandri rechazó que las denuncias presentadas contra el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, puedan interpretarse como una forma de negacionismo. Según el parlamentario, el problema radica en la administración de fondos estatales destinados a las familias de detenidos desaparecidos.
“Estamos diciendo que si una pensión se pagaba por un detenido desaparecido que aparece, se tiene que dejar de pagar. Eso no es negacionismo, se refiere a los dineros del Estado y cómo los cuidamos”, afirmó.
En esa línea, Alessandri acusó a Gajardo de intentar “tirar la pelota al córner”, desviando la discusión hacia un debate sobre derechos humanos, cuando lo central —dijo— es el uso correcto de los recursos fiscales.
Críticas por falta de reacción oportuna
El parlamentario sostuvo además que el Ministerio de Justicia incurrió en una omisión al no suspender inmediatamente el pago de beneficios a la familia de Vera cuando se confirmó, en mayo de este año, que ella estaba viva.
“La pregunta es por qué el ministro, cuando supo en mayo que esta persona estaba viva, no suspendió el pago a la familia. No se trata de política, se trata de cuidar los dineros del Estado”, remarcó.
Finalmente, Alessandri aseguró estar dispuesto a asumir las consecuencias políticas y jurídicas derivadas de su denuncia.
“Si advertir que el Estado está pagando algo que no corresponde me trae consecuencias, estoy dispuesto a ese riesgo. Los recursos públicos se protegen, y si alguien declarado desaparecido aparece con vida, el pago debe detenerse”, enfatizó.
La disputa en torno al caso Vera no solo tensiona las relaciones entre el oficialismo y la oposición, sino que también abre un debate sobre el control de los beneficios estatales vinculados a víctimas de la dictadura, en un escenario donde las acusaciones cruzadas mantienen al caso en la agenda pública y judicial.
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