Dos funcionarios del Ministerio de Educación fueron formalizados por liderar un fraude que generó más de $360 millones a través de la venta de certificados falsos. Más de mil de estos documentos fueron usados para obtener licencias de conducir en O’Higgins.
Fraude millonario al interior del Mineduc
Un escándalo sacude al Ministerio de Educación (Mineduc) tras revelarse que dos de sus funcionarios participaron en un esquema de falsificación y venta de certificados escolares, operación que habría generado más de $360 millones entre 2020 y 2023.
La investigación reveló que los documentos falsos fueron emitidos de manera sistemática, superando los 5.500 certificados, y entregados principalmente a ciudadanos extranjeros. Estos papeles permitieron a los beneficiarios convalidar estudios, postular a la educación superior e incluso obtener licencias de conducir en la Región de O’Higgins, donde se exige acreditar escolaridad en Chile.
Funcionarios y red de captadores
De acuerdo con los antecedentes judiciales, el entramado estaba encabezado por Rodrigo Morales Pereira, funcionario de la Unidad de Ayuda del Mineduc, y su pareja Constanza Garín, también empleada de la institución. Ambos utilizaban sus cargos para alterar los sistemas internos del ministerio, asignando años escolares falsos y registrando calificaciones inventadas.
El esquema no se limitaba a la manipulación informática: Morales y Garín contaban con el apoyo de un grupo de captadores externos, encargados de reclutar clientes y recaudar los pagos. Posteriormente, el dinero era transferido a los funcionarios, quienes lo usaban para adquirir vehículos, propiedades y bienes de alto valor.
Uno de los datos más alarmantes de la investigación es que al menos 1.069 certificados falsos fueron utilizados específicamente para obtener licencias de conducir, lo que representa un riesgo directo para la seguridad vial y el sistema de control en la región.
Formalización y sumario interno
Tras detectarse las irregularidades, el Mineduc inició un sumario administrativo y auditorías internas, confirmando la falsificación masiva de documentos. La Fiscalía formalizó a Morales y Garín por delitos de fraude, falsificación y uso malicioso de instrumento público. Ambos quedaron en prisión preventiva, al igual que dos ciudadanos venezolanos sindicados como captadores.
Las indagatorias continúan para determinar la magnitud total de la red y sus impactos en trámites oficiales, ya que los certificados adulterados no solo afectaron procesos educativos, sino también el acceso a documentos legales tan sensibles como las licencias de conducir.
Mientras tanto, el caso genera cuestionamientos sobre los mecanismos de control y supervisión dentro del Mineduc, institución que deberá reforzar sus sistemas para evitar que fraudes de esta magnitud vuelvan a repetirse.
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