La CIDH alerta sobre un aumento de violencia, acoso judicial y restricciones informativas que ponen en riesgo la libertad de expresión en Chile, y llama al Estado a implementar medidas urgentes de protección.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en Chile tras la visita realizada en marzo de 2024. El documento advierte sobre un escenario preocupante para los medios y periodistas, donde la violencia, el hostigamiento judicial y los obstáculos estructurales amenazan el ejercicio periodístico. La CIDH hace un llamado al Estado a adoptar un enfoque preventivo, sancionatorio y reparatorio que asegure un entorno seguro para el periodismo y la ciudadanía.
Desafíos estructurales y violencia persistente
El informe identifica patrones recurrentes de violencia, tanto por parte de agentes estatales como de actores privados, que afectan a periodistas en todo el país. Entre las amenazas detectadas, la RELE destaca:
- Uso del derecho penal para intimidar periodistas, generando un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión.
- Represalias contra comunicadores que investigan corrupción, redes criminales o malas prácticas institucionales, creando “zonas de silencio informativo”.
- Vigilancia ilegal a través de tecnología o aparatos de inteligencia, comprometiendo la protección de las fuentes.
Además, la concentración mediática y la precariedad de los medios comunitarios, sumadas a la falta de acceso eficiente a la información pública, dificultan la labor periodística y limitan el pluralismo en el país. La CIDH advierte que estas vulnerabilidades requieren intervención urgente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Hostigamiento judicial y repercusiones en el ejercicio profesional
El informe documenta cómo la intimidación judicial se ha convertido en una herramienta frecuente contra periodistas, quienes enfrentan querellas por difamación u otras normativas penales. Estas acciones generan un efecto disuasivo, dificultando la cobertura de temas críticos y la denuncia de irregularidades.
El uso indebido de la justicia, según la CIDH, crea un entorno de autocensura que amenaza la democracia y limita la posibilidad de debate público. La Relatoría recomienda medidas que combinen sanciones efectivas, protección legal y reparación a las víctimas de hostigamiento, con el objetivo de garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin miedo a represalias.
Brecha digital y acceso a la información: un obstáculo persistente
Otro desafío estructural señalado por la CIDH es la brecha digital, que restringe el acceso de la ciudadanía y de periodistas a herramientas y contenidos relevantes. La Relatoría insta a reconocer el acceso a Internet como un derecho esencial y a prevenir la violencia digital de género, cada vez más frecuente en plataformas online.
Asimismo, el informe denuncia retrasos, negativas o prórrogas injustificadas en solicitudes de acceso a la información pública, lo que afecta directamente la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión estatal. La CIDH subraya que sin medidas concretas que aseguren conectividad, acceso y protección digital, la libertad de expresión en Chile seguirá en riesgo.
Conclusión:
El informe de la CIDH evidencia un escenario complejo para la libertad de expresión en Chile, donde la violencia, el hostigamiento judicial y las limitaciones estructurales socavan el trabajo periodístico. La Relatoría llama al Estado a implementar políticas integrales que protejan a los comunicadores, aseguren pluralismo mediático y garanticen un entorno seguro para la información pública. Según la CIDH, institucionalizar estos mecanismos es indispensable para preservar los avances democráticos y enfrentar las nuevas amenazas en el ecosistema digital y mediático.
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