Tras casi 200 atenciones médicas por síntomas asociados a intoxicación por gases y vapores —la mayoría en niños, niñas y adolescentes— las organizaciones ambientales Greenpeace y AIDA ingresaron un recurso de protección para exigir la paralización inmediata del cordón industrial cada vez que se registre un nuevo caso. Acusan incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de 2019 y reiteradas vulneraciones a derechos constitucionales.

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Casi 200 personas afectadas y más de un centenar con diagnóstico T59

La crisis sanitaria volvió a encender alarmas en Quintero y Puchuncaví después de que fuertes olores a gas y cloro fueran reportados la madrugada del 29 de septiembre, coincidiendo con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía. En los días siguientes, se registraron 127 atenciones médicas por cefaleas, vómitos, irritación ocular, mareos y dolor abdominal, principalmente en estudiantes y docentes.

En total, casi 200 personas acudieron a recintos de salud con síntomas compatibles con intoxicación, y más de un centenar fue diagnosticado con “T59”, la clasificación internacional para efectos tóxicos de gases, humos y vapores.

Ante este escenario, el 8 de noviembre las abogadas de AIDA y Greenpeace presentaron un recurso de protección en representación de familias y organizaciones de la zona, acusando “ilegalidades y arbitrariedades” de organismos estatales frente a una crisis que se repite año tras año.

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Acusan vulneración de derechos y exigen paralizar las operaciones industriales

Para Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, los hechos constituyen una vulneración directa a garantías constitucionales como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

“Solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar la paralización del complejo industrial cada vez que un menor sea diagnosticado con intoxicación T59”, afirmó.

Desde Greenpeace, la abogada Roxana Núñez recordó que la Corte Suprema dictó en 2019 una sentencia con medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental, cuyo cumplimiento calificó como insuficiente. “Han pasado seis años y no se acata el dictamen del máximo tribunal. Los episodios no solo persisten, sino que se repiten con alarmante frecuencia”, señaló.

Ambas organizaciones coinciden en que, sin la paralización automática de faenas ante nuevos diagnósticos, la exposición de la población continuará.

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Medidas solicitadas y llamado a apoyar a las familias afectadas

El recurso solicita acciones como monitoreo continuo y público de compuestos orgánicos volátiles, vientos y mareas; trazabilidad completa de episodios; cumplimiento total del fallo de 2019; y un plan de reparación ambiental y sanitaria.

También exige protocolos de atención que aseguren seguimiento, derivación y tratamiento para las personas afectadas, considerando que muchos vecinos evitan acudir a centros de salud por falta de confianza y agotamiento.

“Ya ha pasado demasiado tiempo sin que estas personas puedan vivir en paz”, señaló Zapata.
Greenpeace habilitó el sitio InfanciaEnSacrificio.cl para recolectar firmas de apoyo. “Cada firma ayuda a visibilizar esta crisis y aumenta la presión para instalar medidas de protección, fiscalización y reparación”, añadió Núñez.