El titular de Justicia reafirma que la búsqueda de detenidos desaparecidos es una obligación del Estado y que el Plan Nacional de Búsqueda debe mantenerse más allá de cualquier administración, garantizando verdad y justicia para las víctimas de la dictadura.
Continuidad del Plan Nacional de Búsqueda
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, aseguró que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos no tiene razón para ser interrumpido en el próximo gobierno, salvo que la administración entrante carezca de un compromiso real con los derechos humanos.
“Hoy no existen razones para que el Plan Nacional de Búsqueda deje de funcionar. Estamos cumpliendo con lo que el Estado tiene que hacer y confiamos en que la fuerza política que llegue se hará cargo de la búsqueda de los miles de detenidos desaparecidos”, afirmó Gajardo en Radioanálisis.
El ministro recordó que la iniciativa no requiere una ley específica para operar, pues sus acciones se enmarcan dentro de las atribuciones legales del Ministerio y de sus organismos relacionados. Además, señaló que el Congreso ha aprobado presupuestos en dos ocasiones, reafirmando su carácter de política de Estado.
Amplia participación institucional y social
Gajardo enfatizó que el plan no depende únicamente del Poder Ejecutivo. “Involucra al Poder Judicial, universidades, sociedad civil y la Iglesia Católica en el Comité de Seguimiento. Hay una estructura científica y archivística que permite sostener esta política más allá de cualquier gobierno”, explicó.
El titular de Justicia también destacó la existencia de una estructura establecida para garantizar la investigación, preservación de archivos y apoyo a familiares de víctimas, consolidando el Plan Nacional de Búsqueda como una responsabilidad transversal del Estado y de la sociedad.
Reconocimiento legal de Ausente por Desaparición Forzada
Respecto a la reciente aprobación en el Senado de la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y la creación de un registro especial, Gajardo afirmó que la medida responde a demandas históricas de familiares de víctimas.
“El proyecto permite que el Registro Civil reconozca oficialmente a las personas ausentes por desaparición forzada, evitando revictimización y otorgando certificados legales. Esto marca un avance significativo a 52 años de ocurridos los hechos”, indicó.
El ministro destacó que, si bien se rechazó la facultad administrativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos para incorporar casos al registro, lo esencial del proyecto quedó garantizado y fue ampliamente valorado por las agrupaciones de familiares.
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